Por: Carlos Navarrete Lizama, docente del Comité de Programa del Magíster en Política y Gobierno
Uno de los cambios tecnológicos más disruptivos de la última década fue el lanzamiento de ChatGPT a fines de 2022. En apenas días, la plataforma alcanzó un millón de usuarios; hoy, más de 2 mil millones de personas integran herramientas de inteligencia artificial (IA) en su vida cotidiana.
La IA ya está presente en gran parte de las labores que realizamos en nuestros entornos laborales. Por lo mismo, suponer que esta tecnología no tendrá repercusiones en el sector público es, cuando menos, ingenuo. Incorporar la IA en el aparato público no es simplemente una cuestión de modernización digital: es un imperativo orientado a mejorar la calidad de los servicios que el Estado entrega a la ciudadanía. En Chile, la adopción de la IA representa una oportunidad concreta para resolver nudos históricos en áreas tan diversas como los servicios sociales, la prevención del delito y la gestión de listas de espera en la salud pública, por nombrar algunas. En todos estos ámbitos, los sistemas de IA pueden apoyar a la toma de decisiones, siempre que se utilicen con criterio y supervisión humana.
Por ejemplo, hemos sido testigos de que diferentes análisis de datos liderados por la Contraloría General de la República han significado ahorros fiscales importantes. El cruce de datos de funcionarios públicos que pidieron licencia médica y que a su vez salieron de Chile con destino al extranjero significó que en 2026 se proyecte un ahorro de US$600 millones en los recursos destinados a licencias médicas. Así, un ejercicio reciente de cruce de datos reveló los “superapostadores”: quienes apostaron más de sus recursos en casinos. La IA puede entrar, sin ningún problema, a potenciar esta arista.
Si bien Chile ocupa hoy un lugar destacado en América Latina en materia de preparación gubernamental para la IA, el desafío es acelerar la transición del Estado hacia un uso de la inteligencia artificial que sea exitoso, consolidando así el liderazgo regional que el país ya ha comenzado a construir y cumpliendo las metas trazadas por la Política Nacional de IA hacia 2030. Por lo mismo, más que nunca se requieren profesionales de la administración pública con conocimientos de inteligencia artificial, no solo a nivel usuario, sino como implementadores de esta tecnología.